Durante la celebración de la Asamblea General el 28 de octubre, las entidades sociales mostraron su descontento con la merma sufrida en la convocatoria estatal del 0,7 del IRPF y el impacto sufrido en los proyectos sociales. Por ello, han firmado un acuerdo para reclamar a la Secretaria de Estado de Derechos Sociales la distribución de la recaudación del 0,7% del Impuesto de Sociedades, paralizada desde 2019, así como un marco de financiación que garantice el desarrollo de la actividad social.
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